Política de datos personales
Borrador pendiente de revisión legal
Este texto es una base de trabajo. Antes de publicar el sitio debe ser revisado por un abogado ecuatoriano especializado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
Responsable del tratamiento
Centro Psicológico La Palma, RUC 1761701133001, con domicilio en Sucre y Restauración, Cayambe, Pichincha, Ecuador.
Qué datos se recogen
A través del formulario de contacto se recogen únicamente: nombre, un medio de contacto (teléfono o correo), el motivo general de consulta, la modalidad preferida y un mensaje opcional.
Este formulario no está diseñado para recibir información clínica. No se solicitan diagnósticos, síntomas ni antecedentes de salud, y se recomienda no incluirlos.
Finalidad
Los datos se usan exclusivamente para responder la solicitud y coordinar una cita. No se emplean con fines publicitarios ni se comparten con terceros.
Base legal
El tratamiento se realiza con el consentimiento explícito de la persona titular, otorgado al marcar la casilla correspondiente en el formulario.
Conservación
Los datos de contacto se conservan mientras dure la gestión de la solicitud y, si no deriva en atención, se eliminan transcurridos doce meses.
La historia clínica de las personas que inician un proceso terapéutico se rige por la normativa sanitaria ecuatoriana aplicable, con plazos y condiciones propios.
Derechos
Toda persona puede solicitar acceso, rectificación, eliminación, oposición, portabilidad y suspensión del tratamiento de sus datos, escribiendo al contacto indicado en este sitio.
Si considera que sus derechos no han sido atendidos, puede presentar un reclamo ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales del Ecuador.
Seguridad
El sitio opera bajo conexión cifrada (HTTPS). El acceso a los mensajes recibidos está restringido a la profesional responsable.
Secreto profesional
La información compartida durante las sesiones está protegida por el secreto profesional, con las excepciones que establece la ley: riesgo grave e inminente para la vida propia o de terceros, y requerimiento de autoridad judicial competente.